A 50 días del Mundial, el destino de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se encuentra lejos de la tranquilidad que soñaba para disfrutar del torneo. Mientras figuras como Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland o Lamine Yamal acaparan la atención mundial, Tapia enfrenta una grave situación judicial. El viernes pasado, un fiscal federal solicitó su detención, junto a la de su colaborador Pablo Toviggino, sumando un nuevo capítulo a la ya extensa lista de causas en su contra.

El pedido fue formalizado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. Aunque se dudaba de que el juez federal Sebastián Argibay, encargado del caso y conocido por su cercanía con los acusados, aceptara la medida —recordando que hace años le vendió a Toviggino una propiedad valuada en 200 millones de pesos, pero escriturada por solo 20 millones—, la situación judicial cambió drásticamente.
La Cámara Federal de Tucumán decidió apartar a Argibay del expediente. Este martes, cuando el magistrado regrese de sus vacaciones en Miami, un nuevo juez asumirá la responsabilidad de resolver sobre el pedido de detención y posible inhibición de Tapia y Toviggino, apodados por algunos dirigentes como “Audi TT” por su alianza estratégica. La recusación de Argibay será publicada próximamente en Lex 100, la plataforma oficial de la Justicia Federal.
La decisión quedará en manos de uno de los tres jueces federales con competencia en la jurisdicción que abarca Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: Miguel Contreras, José Manuel Díaz Vélez o Guillermo Díaz Martínez, quienes deberán evaluar el futuro judicial de la dupla directiva de la AFA.
Ante esta situación, surgen sospechas acerca de la verdadera intención detrás del pedido de detención, ya que algunos temen que pueda tratarse de una maniobra para concentrar las causas por lavado de dinero en manos afines y así favorecer un eventual sobreseimiento de Tapia y Toviggino. Esta incertidumbre se sustenta en el conocido padrinazgo político que el exgobernador y actual senador Gerardo Zamora ejerce sobre jueces y fiscales de la zona, al igual que el ministro Sergio Massa, ambos vinculados estrechamente con Toviggino, quien sería el principal responsable de las finanzas de la AFA.
El desafío para Toviggino no solo pasa por aumentar sus ingresos, sino por ocultar y mover la millonaria fortuna que, según las investigaciones, sus testaferros acumularon durante los nueve años que administra los fondos del fútbol argentino. Al igual que en casos emblemáticos como el de Lázaro Báez y los Kirchner, Toviggino integró a su círculo familiar en empresas que facturaron miles de millones a la AFA. Según publicó Clarín, en al menos seis de estas compañías figuran como titulares su exmujer, hijos, hermanos y amigos de toda la vida.
Un caso paradigmático es el de María Florencia Sartirana, empleada de la AFA con un salario que apenas supera los dos millones de pesos, quien acumuló numerosos plazos fijos en el banco Coinag de Rosario, alcanzando inversiones por al menos 2,5 millones de dólares. La magnitud de estas operaciones encendió alarmas: en diciembre, el banco clausuró sus cuentas y presentó un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera.
Ante esta situación, el diputado kirchnerista Carlos Heller intervino para proteger a su amigo Toviggino, trasladando los 10 mil millones de pesos a su banco Credicoop. Lo que genera sorpresa entre observadores es cómo Heller aceptó sin cuestionamientos una suma de dinero que ya había sido denunciada por otro banco colega, lo que sugiere conexiones más profundas entre estos actores.
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