La ley pro-ICE que firmó Greg Abbott en Texas ya entró en vigor: qué pasará con las ciudades que no ayuden a los agentes de migración

La ley SB8 de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott, volvió al centro del debate este mes después de que, en Minnesota, dos ciudadanos estadounidenses murieran a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza. El gobernador republicano había firmado la norma a finales de 2025, pero entró en vigor el 1 de enero de este año. ¿Cuáles son los puntos claves para entender esta normativa?

La norma establece que los departamentos de policía locales de los condados deberán apegarse al acuerdo de cooperación 287(g), que cumple dos tareas primordiales para la agenda de deportaciones masivas que lleva a cabo la Casa Blanca: por un lado, exige a los agentes de fuerza estatales y locales, como policías o alguaciles, que colaboren con las fuerzas federales migratorias como el ICE o la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés); por el otro, la norma da poder a las policías locales para que desarrollen diversas tareas en materia migratoria como la administración de las cárceles, ya sean públicas o privadas.

La ley SB8 obliga a unos 150 condados grandes —Texas tiene 254— a firmar el acuerdo 187 (g) con el ICE. Esta norma no da potestad a los condados o a los policías locales de arrestar a un inmigrante por su situación irregular, pero sí le permite al oficial reportar a la persona y que los agentes migratorios lo hagan. Otra ley de Texas, la SB4, otorgaría esa posibilidad, pero ha sido impugnada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos y no entró en vigor.

“El tribunal determinó que el gobierno federal tiene un poder amplio y exclusivo sobre la inmigración, incluyendo la entrada y la deportación de no ciudadanos. El tribunal también señaló que la ley de Texas interfería con los objetivos de política exterior del gobierno federal”, señala el órgano judicial en la presentación de la causa.

En este sentido, todos los alguaciles tendrán hasta el 1 de diciembre del 2026 para pedir que en sus localidades se firme el acuerdo de colaboración. Si no lo hacen, dice la nueva ley SB8, el alguacil del condado puede ser demandado por el fiscal general del estado.

¿Habrá financiamiento estatal en las colaboraciones entre Texas y el ICE?

Desde las autoridades del estado también dieron a conocer un sistema de subvenciones para que más alguaciles se unan a la iniciativa. Sin embargo, incluso con los fondos federales asignados, hay alguaciles que señalan que esto atentaría contra la libertad y autonomía que tiene cada condado de gestionar a sus propias fuerzas de seguridad siempre que no intervenga con las labores de los funcionarios federales.

Los montos pueden variar considerando la población de un condado y pueden ser estimados entre 80.000 dólares y 140.000 dólares.
Será un presupuesto protegido, ya que son complementarios y no podrán ser recortados.
Los fondos tendrán un uso exclusivo y se destinará exclusivamente a los gastos operativos de la colaboración de ICE por medio de un periodo cercano a los dos años.
¿Qué pasa si un condado no quiere cooperar con los agentes migratorios del ICE en Texas?

El incumplimiento de la ley SB 8 puede tener un impacto negativo en el marco judicial para todos aquellos territorios que no se apeguen al acuerdo 287(g).

Los alguaciles podrán ser demandados civilmente por el procurador general.
Aquellos condados que pierdan la demanda tendrán que hacerse cargo de los gastos legales y honorarios.
Por último, si la Justicia considera que existe un incumplimiento con la normativa, el departamento policial señalado está obligado a aplicar el acuerdo con las autoridades migratorias.

La implementación de la ley estatal podría elevar la tensión entre los condados policiales y la gobernación. Grandes ciudades como Houston y Dallas rechazaron la posibilidad de apegarse al acuerdo el año pasado.