El fiscal federal Carlos Schaefer, junto con los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, solicitaron a la jueza Cristina Pozzer Penzo la apertura de una investigación paralela para determinar si en el caso se registraron “operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal” por parte de los servicios secretos rusos.

Schaefer fue el primero en presentar la denuncia, sin señalar a ningún responsable en particular. Él liderará la acusación en el juicio oral y público contra siete personas acusadas de tener algún grado de responsabilidad en la sustracción del niño correntino, además de otras diez imputadas por intentar desviar la investigación.
El fiscal federal general de Corrientes afirmó que “recientes investigaciones periodísticas han revelado una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina”, la cual habría utilizado diversos temas de alta sensibilidad social, incluido el caso Loan, para generar inestabilidad política.
En ese sentido, precisó que “Rusia pagó miles de dólares a distintos medios y portales digitales argentinos para publicar contenidos diseñados para desgastar al gobierno actual. Estas campañas de desinformación mediática habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones”, señaló Schaefer en un escrito dirigido a la jueza Pozzer Penzo y al fiscal Martín de Guzmán.
La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia Peña, se sumó a la denuncia y solicitó la apertura de una nueva causa destinada a “investigar posibles operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal”.
Según Russo Cornara, el caso Loan se caracterizó “por la irrupción sistemática de relatos paralelos, la aparición de supuestos testigos sin validación procesal, la intervención de actores extra institucionales y la amplificación mediática de versiones carentes de sustento probatorio”.
Asimismo, mencionó la presencia de personas que “se autopresentaron como testigos, expertos o auxiliares informales”, así como “la circulación de versiones contradictorias y la generación de contenido mediático orientado a instalar determinadas hipótesis”. Incluso aludió al “eventual financiamiento para la propagación de contenidos falsos” relacionados con el caso.
Para la querella, “la cuestión central ya no reside únicamente en determinar la falsedad o inconsistencia de determinadas intervenciones, sino en establecer si existe un circuito organizado —formal o informal— de producción, financiamiento y amplificación de contenidos e intervenciones destinadas a incidir en el curso de la investigación penal” del caso Loan.
“Mientras en la causa se ha avanzado sobre la responsabilidad de quienes en forma directa habrían desplegado conductas vinculadas al hecho principal o su encubrimiento, permanece aún indeterminado el nivel superior de eventual organización, dirección o financiamiento de las acciones periféricas que han rodeado el proceso, lo que configura un vacío investigativo que no puede ser soslayado”, subrayó la presentación.
Desde la querella consideran que estas maniobras podrían encuadrar en los delitos de encubrimiento agravado, asociación ilícita y entorpecimiento de la investigación penal.
Entre los señalados como parte de estas operaciones figuran Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y la periodista Kitty Sanders, quien también se presenta como investigadora en materia de criminalidad organizada y trata de personas.
Además, Russo Cornara destacó la “aparición de sujetos que se autopresentan y proyectan públicamente como investigadores o auxiliares en la causa (Loan), generando efectos distorsivos en la percepción pública y en el normal desarrollo del proceso”.
En ese marco, indicó que “se trata de individuos que se presentan como agentes de investigación con supuesta capacidad de intervención en situaciones complejas, una suerte de agente de investigación internacional, con facultades para actuar directamente en rescates de víctimas mediante recursos propios, sin que exista constancia verificable en autos —ni en registros institucionales conocidos— de su acreditación profesional, marco operativo, respaldo organizacional o fuente de financiamiento”.
**La desaparición de Loan Danilo Peña**
Loan fue sustraído en la tarde del 13 de junio de 2024 en las cercanías de la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, ubicado a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio, Corrientes. El niño, de cinco años, había acudido con su padre a visitar a su abuela, sin saber que allí se realizaría un almuerzo en honor a San Antonio.
Al finalizar la comida, Loan, junto a otros niños y tres adultos, se dirigieron hacia una tapera cercana en busca de naranjas. Fue en ese momento cuando se produjo la sustracción del menor. Hasta la fecha, se desconoce qué ocurrió con él.
Por el hecho fueron procesadas con prisión preventiva tres parejas: Laudelina Peña (47) y Bernardino Antonio Benítez (39); la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Pérez (64); y Mónica Millapi (36) junto a Daniel “Fierrito” Ramírez (51).
También fue procesado por encubrimiento el excomisario del pueblo Walter Adrián Maciel (45).
Además, la Justicia Federal de Goya imputó a otras diez personas por interferir en la investigación. Todos serán juzgados en un único juicio oral que aún no tiene fecha de inicio.
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